La profesión de asesor fiscal conlleva una serie de desafíos y riesgos que la convierten en una de las más complejas y exigentes dentro del ámbito jurídico. A diferencia de otros profesionales del Derecho, los asesores fiscales no solo deben tener un conocimiento profundo de la normativa fiscal vigente, sino que también tienen la responsabilidad de interpretarla y aplicarla adecuadamente en las circunstancias de sus clientes. Este doble rol, entre el conocimiento teórico y la aplicación práctica, los sitúa en una posición de gran responsabilidad que, si no se maneja con cuidado, puede derivar en sanciones y problemas legales.

Una de las principales complejidades a las que se enfrenta un fiscalista es la interpretación de las normas tributarias. Muchas veces, los asesores fiscales se encuentran en situaciones en las que su interpretación de la ley difiere de la de la Administración tributaria, lo que puede generar discrepancias y sanciones. Este riesgo constante de no coincidir con los criterios de Hacienda convierte la profesión en una de las más delicadas del sector jurídico, ya que cualquier error en la aplicación de la ley puede tener graves repercusiones tanto para el cliente como para el propio asesor.

En casos más graves, los asesores fiscales pueden enfrentarse a responsabilidad penal si su intervención facilita o induce a un cliente a cometer un delito fiscal. La legislación contempla que los asesores fiscales pueden ser considerados responsables si se demuestra que actuaron con dolo, es decir, con la intención consciente de facilitar un fraude o delito contra la Hacienda Pública. Este riesgo de involucrarse en actividades ilícitas, aunque no siempre sea de manera directa, exige que los fiscalistas actúen con la máxima prudencia y profesionalismo.

Además de los riesgos penales, los asesores fiscales también pueden ser responsables por negligencia. En estos casos, si se demuestra que el asesor actuó con imprudencia o no realizó las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normativas, puede ser considerado responsable solidario de las infracciones cometidas por sus clientes. Esta figura de responsabilidad compartida subraya la importancia del deber de diligencia en el ejercicio de la asesoría fiscal, donde un simple error o descuido puede derivar en consecuencias legales.

Otro aspecto clave que añade complejidad al rol de los fiscalistas es el conjunto de obligaciones adicionales que deben cumplir. Estas incluyen el deber de guardar secreto profesional, identificar a sus clientes y conservar la documentación relacionada con las operaciones fiscales. Además, en el marco de la normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales, los asesores fiscales deben recabar información y, en algunos casos, comunicarla a las autoridades competentes. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en responsabilidades legales y sanciones, lo que pone de relieve el papel crucial que desempeñan estos profesionales en la lucha contra el fraude fiscal.

En los últimos años, la situación de los asesores fiscales se ha vuelto aún más complicada debido a la implementación de la Directiva Europea DAC6, que impone nuevas obligaciones en cuanto a la comunicación de esquemas fiscales transfronterizos. Según esta normativa, los asesores fiscales que no sean abogados y, por tanto, no estén protegidos por el secreto profesional, están obligados a informar a las autoridades tributarias sobre cualquier estrategia fiscal que consideren potencialmente abusiva. Esto ha generado una mayor presión sobre los fiscalistas, que deben actuar como intermediarios entre sus clientes y las autoridades, asumiendo un papel de vigilancia y reporte que no siempre es fácil de gestionar.

A raíz de esta directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado que los asesores fiscales, a excepción de los abogados, están obligados a denunciar prácticas fiscales agresivas. Esta normativa ha generado controversia, especialmente entre los fiscalistas y gestores que no están cubiertos por el secreto profesional. No obstante, refuerza la responsabilidad de estos profesionales en garantizar la transparencia fiscal y prevenir la evasión de impuestos.

En resumen, la asesoría fiscal es una profesión con importantes responsabilidades y riesgos. Los asesores fiscales no solo deben velar por el cumplimiento normativo de sus clientes, sino también protegerse a sí mismos de posibles sanciones o imputaciones penales. En un entorno legal cada vez más complejo y regulado, es fundamental que estos profesionales mantengan una actualización constante de sus conocimientos y apliquen las normativas con rigor y precisión. Así, podrán garantizar un servicio de calidad a sus clientes y, al mismo tiempo, salvaguardar su integridad profesional.

Vía Expansión